A la espera de la futura publicación por parte del Ministerio de Sanidad de la Estrategia en Salud Cardiovascular del SNS, ocho sociedades científicas, bajo el auspicio de la Fundación Española del Corazón (FEC), se han unido para reclamar, a través de un manifiesto, un compromiso político en torno a la insuficiencia cardiaca (IC).
La Asociación Española de Enfermería en Cardiología (AEEC), la Sociedad Española de Cardiología (SEC), la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN), la Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES), la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (SEMFYC), la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG), la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI) y la Sociedad Española de Nefrología (S.E.N.) son las sociedades científicas que, junto a la FEC han presentado hoy en el Congreso de los Diputados, el manifiesto titulado “Objetivo 2025: Insuficiencia Cardiaca. Necesidades urgentes y garantías ante un problema sanitario de primer orden en España”.
“La sociedad no es consciente del fuerte impacto de la insuficiencia cardiaca en nuestro país, y eso se refleja en que, en los últimos años, no hayamos observado un impulso significativo de políticas públicas que prioricen la insuficiencia cardiaca como un problema de primer orden en España. Por ello nos parecía fundamental trasladar este consenso, respaldado por clínicos, enfermería y pacientes, a nuestros portavoces políticos en la Comisión de Sanidad”, explica el Dr. Carlos Macaya, presidente de la FEC.
A través del manifiesto, las sociedades firmantes y las entidades adheridas reclaman dotar a la IC de una consideración relevante y diferenciada, tanto en la Estrategia en Salud Cardiovascular del SNS como en los planes o estrategias autonómicas a desarrollar tras la publicación de la Estrategia Nacional.
Por otro lado, para un óptimo abordaje de la enfermedad, consideran urgente la mejora y el incremento de la coordinación entre niveles asistenciales. “Esto se traduce en la necesidad de definición y establecimiento de criterios y vías rápidas de derivación entre Atención Primaria (AP) y Cardiología/Medicina Interna/Nefrología/Urgencias, así como en la realización de protocolos de actuación y atención al paciente, consensuados entre todas las especialidades y la AP, para garantizar una continuidad asistencial y una atención de calidad coordinada”, afirma el Dr. Macaya.
Asimismo, otro de los aspectos clave que destacan los expertos es potenciar la atención y el manejo de la persona con IC como paciente crónico. En este sentido, hacen hincapié en la importancia del seguimiento integral tras la hospitalización, no solo en la etapa de sospecha del diagnóstico.
En lo que respecta al tratamiento, apuestan porque este sea integral y combinado, ya que “solo ello permitirá una disminución del gasto sanitario y una mejora de la calidad de vida en términos de ingresos hospitalarios”.
Acerca de la insuficiencia cardiaca
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) son la principal causa de muerte en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que, en 2019, fallecieron por esta causa 17,9 millones de personas, aproximadamente un tercio (32%) de todas las muertes registradas en el mundo, por encima de las enfermedades oncológicas.
Muchas de estas ECV derivan frecuentemente en insuficiencia cardiaca (IC), una enfermedad crónica y degenerativa, que consiste en la incapacidad del corazón para bombear la sangre suficiente, de modo que no se cubren las necesidades de otros órganos.
En nuestro país, la IC afecta a más de 770.000 de personas y su prevalencia es la más alta que la de los países de nuestro entorno. Concretamente, se estima que la padece entre el 4,7% y el 6,8% en personas mayores de 45 años, alcanzando el 16% en personas mayores de 75 años . La mortalidad al año del diagnóstico sigue estando en torno al 20% y a los 5 años entre el 40 y el 50%.
Además, es considerada la principal causa de hospitalización en pacientes de más de 65 años y de reingresos hospitalarios no programados, y su coste estimado se cifra en torno a los 2.500 millones de euros anuales, lo que supone el 3,8% del gasto sanitario global.
